• La norma que entrará en vigencia a partir de 2026, blinda el acceso a la educación de los menores sin importar su situación migratoria.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dio luz verde a una nueva normativa que promete transformar el panorama educativo para miles de familias, especialmente las más vulnerables. Se trata de la ley HB3247, una medida diseñada para blindar el acceso a la educación pública gratuita de todos los estudiantes, independientemente de su origen nacional, ciudadanía o situación migratoria.

EL DERECHO A ESTUDIAR SIN MIEDO

El objetivo principal de la norma es eliminar el miedo que muchas veces impide la asistencia escolar, asegurando que ningún padre se sienta intimidado al momento de enviar a sus hijos a las aulas. La ley se basa en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982. Dicha sentencia declaró inconstitucional cualquier intento por parte de los estados de excluir a estudiantes del sistema educativo basándose en razones migratorias.

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN

Bajo este marco, la ley obliga a las escuelas públicas, distritos y establecimientos bajo contrato a garantizar un entorno seguro, libre de la posibilidad de que la presencia de agentes policiales o migratorios afecte el derecho a aprender.

A partir del 2026, las instituciones educativas tendrán vetado amenazar o divulgar información sensible. Queda prohibido que las escuelas amenacen con revelar datos sobre el estatus migratorio real o percibido de un alumno o de sus familiares. Tampoco podrán divulgar información asociada a ello. También será ilegal el uso de políticas, procedimientos o métodos administrativos que resulten en la exclusión del estudiante. Esto incluye solicitar documentación sobre ciudadanía u origen nacional, a menos que una ley federal o estatal lo requiera específicamente. No podrán negar la educación gratuita. Ningún menor podrá ser apartado de la enseñanza pública por su situación migratoria, ni por la de sus padres o tutores.

NUEVAS REGLAS …

Las nuevas reglas de juego incluyen los siguientes pasos obligatorios, que buscan transparencia y protección:

• Notificación y consentimiento: Se deberá establecer un método para informar y pedir consentimiento a los padres (o al estudiante si es mayor de 18 años o emancipado) cuando un agente solicite hablar con el alumno por temas migratorios, salvo que una orden judicial lo impida.
• Supervisión constante: Toda interacción entre el personal policial y las personas dentro de la escuela deberá ser acompañada y supervisada, documentando detalladamente cada paso del proceso.
• Evaluación de órdenes: Se implementará un sistema para analizar rigurosamente las citaciones, órdenes judiciales y no judiciales antes de permitir o denegar el acceso de un agente.
• Revisión autorizada: Cada escuela deberá contar con un procedimiento de revisión liderado por una persona autorizada, en coordinación con la oficina del superintendente y con acceso a asesoría legal del distrito.