• Turistas deberán entregar cinco años de actividad digital y otros datos personales para ingresar a Estados Unidos …

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) estudia un cambio regulatorio que obligaría a todos los visitantes extranjeros, incluidos los provenientes de países con exención de visa, a entregar información detallada de sus redes sociales antes de entrar al territorio estadounidense. Según lo planteado, cualquier viajero deberá reportar las cuentas utilizadas en los últimos cinco años, junto con direcciones de correo electrónico y números telefónicos del mismo periodo. El documento también especifica que será “obligatorio” entregar esa información, así como nombres, direcciones, números y fechas de nacimiento de familiares.

Actualmente, ciudadanos de países como Reino Unido pueden permanecer hasta 90 días sin visa y únicamente deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), cuyo costo es de 40 dólares. El permiso tiene una vigencia de dos años y requiere datos básicos de contacto y una referencia de emergencia.

Hasta la fecha, la agencia solo capturaba el rostro y huellas al arribo a los puntos de entrada. Diversos casos recientes han evidenciado que ciertos viajeros ya han enfrentado restricciones vinculadas con su actividad digital. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, se reportaron inadmisiones en frontera derivadas del contenido de publicaciones o mensajes encontrados en dispositivos personales. Entre ellos figura un científico francés que en marzo fue rechazado en territorio estadounidense luego de que se localizaran en su teléfono mensajes “que reflejan odio hacia Trump y pueden describirse como terrorismo”.

El debate sobre la libertad de expresión ha acompañado estos episodios. Aunque Trump afirmó que buscaría “restaurar la libertad de expresión” en plataformas digitales y terminar con la “censura federal”, su administración ha sido parte de múltiples controversias vinculadas con ese tema.

Vale recordar que en septiembre pasado, el presentador Jimmy Kimmel fue retirado temporalmente del aire por la cadena ‘ABC’ por comentarios sobre el asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk. Durante el episodio, Kimmel señaló que la administración Trump y sus aliados estaban “trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, una afirmación que generó críticas del presidente y de sectores que atribuyeron el crimen al extremismo de izquierda. El programa regresó a la programación menos de una semana después, tras la reacción de figuras públicas y espectadores.

• La norma que entrará en vigencia a partir de 2026, blinda el acceso a la educación de los menores sin importar su situación migratoria.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dio luz verde a una nueva normativa que promete transformar el panorama educativo para miles de familias, especialmente las más vulnerables. Se trata de la ley HB3247, una medida diseñada para blindar el acceso a la educación pública gratuita de todos los estudiantes, independientemente de su origen nacional, ciudadanía o situación migratoria.

EL DERECHO A ESTUDIAR SIN MIEDO

El objetivo principal de la norma es eliminar el miedo que muchas veces impide la asistencia escolar, asegurando que ningún padre se sienta intimidado al momento de enviar a sus hijos a las aulas. La ley se basa en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982. Dicha sentencia declaró inconstitucional cualquier intento por parte de los estados de excluir a estudiantes del sistema educativo basándose en razones migratorias.

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN

Bajo este marco, la ley obliga a las escuelas públicas, distritos y establecimientos bajo contrato a garantizar un entorno seguro, libre de la posibilidad de que la presencia de agentes policiales o migratorios afecte el derecho a aprender.

A partir del 2026, las instituciones educativas tendrán vetado amenazar o divulgar información sensible. Queda prohibido que las escuelas amenacen con revelar datos sobre el estatus migratorio real o percibido de un alumno o de sus familiares. Tampoco podrán divulgar información asociada a ello. También será ilegal el uso de políticas, procedimientos o métodos administrativos que resulten en la exclusión del estudiante. Esto incluye solicitar documentación sobre ciudadanía u origen nacional, a menos que una ley federal o estatal lo requiera específicamente. No podrán negar la educación gratuita. Ningún menor podrá ser apartado de la enseñanza pública por su situación migratoria, ni por la de sus padres o tutores.

NUEVAS REGLAS …

Las nuevas reglas de juego incluyen los siguientes pasos obligatorios, que buscan transparencia y protección:

• Notificación y consentimiento: Se deberá establecer un método para informar y pedir consentimiento a los padres (o al estudiante si es mayor de 18 años o emancipado) cuando un agente solicite hablar con el alumno por temas migratorios, salvo que una orden judicial lo impida.
• Supervisión constante: Toda interacción entre el personal policial y las personas dentro de la escuela deberá ser acompañada y supervisada, documentando detalladamente cada paso del proceso.
• Evaluación de órdenes: Se implementará un sistema para analizar rigurosamente las citaciones, órdenes judiciales y no judiciales antes de permitir o denegar el acceso de un agente.
• Revisión autorizada: Cada escuela deberá contar con un procedimiento de revisión liderado por una persona autorizada, en coordinación con la oficina del superintendente y con acceso a asesoría legal del distrito.

• El máximo tribunal estadounidense limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del ejecutivo.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este el pasado viernes revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento de Trump de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad.

LOS AFECTADOS …

El decreto propuesto por Trump impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuya madre resida ilegalmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense. Esta enmienda de la Constitución fue aprobada en 1868, tras la Guerra de Secesión, con el fin de garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes. La Corte Suprema limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del ejecutivo que consideren ilegales.

Sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio. Trump firmó este decreto nada más regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el argumento de combatir la migración irregular.

  ¿INCONSTITUCIONAL?

La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaran en contra. El juez de distrito John Coughenour, encargado del caso en el estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de «manifiestamente inconstitucional».

«Llevo más de cuatro décadas en la magistratura y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este», afirmó Coughenour, nombrado en el cargo por el presidente republicano Ronald Reagan (1981-89).

De los nueve magistrados de la Corte Suprema seis son conservadores, y de esos seis, tres fueron nombrados por Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, que ha encabezado los recursos legales contra el intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, dijo tener la esperanza de que el supremo «derogue esta orden perjudicial de una vez por todas».

«Los tribunales federales de todo el país han rechazado sistemáticamente los intentos del presidente Trump de eliminar esta protección constitucional fundamental», afirmó Wang.

• «Privar a cualquier niño nacido en Estados Unidos de su ciudadanía sería devastador y profundamente cruel», afirmó.

• De manera sorpresiva, la congresista María Elvira Salazar rompe filas con republicanos y fustiga a Trump por pausar procesos migratorios a 19 países

La representante señaló que «congelar los procesos de asilo, de obtención de la ‘green card’ y de ciudadanía no es la solución», y calificó de «antiestadounidense» y «castigo colectivo» la decisión de la Administración de Donald Trump de suspender todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países considerados de «alto riesgo», entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.

¿ROMPE FILAS CON TRUMP?

La política republicana, quien ha sido una aliada de Trump, señaló al Miami Herald, que la medida de Trump castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que han seguido todos los pasos legales». Salazar, de origen cubano y representante en Washington de un distrito de Miami (Florida) de gran población cubana, afirmó que la nueva directriz afecta a «inocentes por los errores de culpables».

«Es injusto, contrario a los principios estadounidenses y va en contra de todo lo que representa este país. Ya existen controles de antecedentes para detener a terroristas y deberían aplicarse», subrayó Salazar al diario de Miami.

• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció a finales de noviembre la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países tras el ataque contra dos guardias nacionales en Washington, presuntamente cometido por un ciudadano afgano.

La medida afecta procesos de asilo, revisión de tarjetas de residencia y ceremonias de naturalización. Se anunciaron además recortes en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito por hijos o el crédito de ingreso por trabajo, argumentando que estos beneficios se entregan a inmigrantes que reciben más de lo que aportan, según la Casa Blanca.

La más reciente actualización del Uscis sobre los EAD reduce de 5 años a 18 meses el período máximo de validez y de renovación de estos permisos para los siguientes perfiles:

• Extranjeros admitidos como refugiados.
• Extranjeros a los que se les concede asilo.
• Extranjeros a quienes se les concedió una suspensión de deportación o expulsión.
• Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o de suspensión de expulsión.
• Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la INA 245.
• Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o alivio bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano.

La medida afectará a aquellos con solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025. En el caso de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), el periodo inicial y de renovación de la autorización de empleo será de un año o se ajustará a la fecha de finalización del TPS, «lo que sea más corto». Eso aplica para beneficiarios del TPS y aquellos con aplicaciones pendientes, así como al ‘parole’.

La cadena de televisión Univisión explicó que durante los últimos dos años, la validez máxima de las autorizaciones de empleo para refugiados, asilados, beneficiarios de protecciones contra la deportación y solicitantes de cancelaciones de remoción había sido de cinco años.

• Antes, se otorgaba por un máximo de dos años para estas mismas categorías.