Hasta ahora, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no estaba obligado a informar a los extranjeros que serían expulsados a terceros países.
Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este miércoles como ilegal la política del Gobierno del presidente Donald Trump que permite a las autoridades de inmigración deportar a migrantes a terceros países sin notificarles previamente ni darles la oportunidad de objetar la decisión.
El juez Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, falló en contra de la política emitida el año pasado en la que se establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no estaba obligado a informar a los extranjeros que serían expulsados a terceros países, siempre que los gobiernos recipientes aseguraran que los deportados no serían perseguidos ni torturados.
El Gobierno Trump mantiene varios pulsos judiciales por la expulsión de inmigrantes a terceros países, como se llama a los países que no son los designados en la orden de deportación de un inmigrante.
Murphy ordenó la anulación de la iniciativa de deportación de terceros países, aunque dio una espera de 15 días para que entre en vigor en espera a que la Administración Trump apele el fallo.
El año pasado, el Ejecutivo de EE. UU. deportó a más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, amparándose en una antigua ley de guerra.
Además, la Casa Blanca entabló conversaciones con países como Costa Rica, Panamá y Ruanda para aceptar deportados que no son ciudadanos de esos países.
Los demandantes en este caso alegaron que no tuvieron conocimiento de que serían enviados a terceros países, en muchos casos en otro continente.
Murphy dictaminó que esta política viola la ley federal de inmigración y el derecho de los migrantes al debido proceso y cuestionó que “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”, según escribió en el fallo.
«No está bien, ni es legal», agregó el juez, que ya ha fallado en contra del Gobierno Trump por esta medida.
En mayo pasado, Murphy dictaminó que la Casa Blanca había violado una orden al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur, sin darles un preaviso y sin posibilidad de que presentaran denuncias basadas en el miedo.
Trump llevó el caso al Tribunal Supremo que le permitió reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países, mientras el juez
daba un fallo final.
Se espera que la Casa Blanca repita la estrategia legal y acuda incluso a las últimas instancias para revertir el fallo de Murphy.
