• La medida afecta a ciudadanos de siete países de América Latina: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos puso fin a los programas de reunificación familiar (FRP por sus siglas en inglés) mediante los cuales ciudadanos extranjeros podían reencontrarse con sus familiares a través de una solicitud de permanencia temporal justificando razones humanitarias mientras adelantan los procesos de visado y residencia.

La Administración Trump dice que estos programas fueron utilizados de manera indebida, permitiendo que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.

Los calificaron como un “abuso que permitía a extranjeros con una investigación deficiente eludir el proceso tradicional” para obtener el permiso de permanencia temporal por razones humanitarias.

En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional dice, a través de un comunicado, que “pone fin al abuso del parole humanitario que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional de libertad condicional”.

  PROCESO DE VERIFICACIÓN

A partir de ahora, el departamento ejecutivo del gobierno de EE. UU. realizará un proceso de verificación caso a caso de estas solicitudes, “tal como lo estableció el Congreso”. Hasta mediados de enero para legalizar su estadía en EE. UU. De esta forma, inmigrantes amparados con este beneficio deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero si carecen de alguna otra alternativa legal para quedarse en el país.

Explicó que si el beneficio del FRP de un inmigrante aún no ha vencido al 14 de enero próximo, terminará en esa fecha. A menos de que tenga una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga pendiente el 14 de enero de 2026. En caso de negarse la solicitud, el periodo de beneficio se revocará y el inmigrante deberá abandonar el país de inmediato.

Asimismo, el DHS informó que la terminación del programa implicará la revocación de la autorización de empleo asociada. Los afectados serán notificados individualmente.

POLÍTICA MIGRATORIA

Esta medida se suma a otras acciones adelantadas por el gobierno de Trump para restringir el ingreso y expulsar a inmigrantes de EE. UU. que incluyen redadas, detenciones y deportaciones masivas. Por ejemplo, Washington revocó el estatuto de residente temporal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en marzo. Esa suspensión, contestada ante la justicia, acabó ante la Corte Suprema, que ratificó que el gobierno podía tomar esa medida de manera provisional, mientras el fondo de la controversia era dirimido por instancias judiciales inferiores.

Este nuevo paso representa una cancelación directa al derecho de reunificación familiar de ciudadanos de esos siete países. “El deseo de reunificar a las familias no invalida la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, ni de garantizar la seguridad nacional y pública”, justificó en su comunicado el Departamento de Estado.

Según la Casa Blanca, los procesos de reunificación familiar bajo parole “presentaban brechas de seguridad” a causa de la “verificación insuficiente” que eran aprovechados por “actores malintencionados y fraudulentos”. Cabe mencionar que estos programas fueron implementados en 2023 para cinco países: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden. Justamente, Trump atribuye al mandato anterior la responsabilidad de un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca por el cual una agente de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido; el sospechoso del ataque es un inmigrante afgano.

Los programas FRP dedicados a Cuba y Haití databan respectivamente de 2007 y 2014, y también fueron actualizados en agosto de 2023. “Parole es por definición temporal, y por sí sola no constituye una base para obtener ningún estatus migratorio, ni equivale a una admisión en Estados Unidos” recalcó el Departamento de Seguridad Nacional. Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y ha puesto toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo. A propósito, el Departamento se congratuló esta semana de haber logrado la salida del país de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales, entre deportaciones forzadas (605.000) y cerca de 1,9 millones de salidas voluntarias.

• Según informe, ICE detuvo a 75.000 personas sin historial penal en los nueve primeros meses de Gobierno de Donald Trump …

La cifra sería más de un tercio del total de 220.000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Estados Unidos. Según ICE (por su sigla en inglés) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó recientemente NBC News. El canal cita datos del ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California, en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la agencia que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones. Esos 75.000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220.000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como Los Ángeles este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor. Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido delitos graves, como asesinato o violación. Según los detalles de los datos del ‘Deportation Data Project’, cerca del 90 % del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

• No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23.000 figuran en una categoría de deportación voluntaria, agrega el medio.
• (Con apoyo informativo de la agencia de noticias EFE)

• Turistas deberán entregar cinco años de actividad digital y otros datos personales para ingresar a Estados Unidos …

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) estudia un cambio regulatorio que obligaría a todos los visitantes extranjeros, incluidos los provenientes de países con exención de visa, a entregar información detallada de sus redes sociales antes de entrar al territorio estadounidense. Según lo planteado, cualquier viajero deberá reportar las cuentas utilizadas en los últimos cinco años, junto con direcciones de correo electrónico y números telefónicos del mismo periodo. El documento también especifica que será “obligatorio” entregar esa información, así como nombres, direcciones, números y fechas de nacimiento de familiares.

Actualmente, ciudadanos de países como Reino Unido pueden permanecer hasta 90 días sin visa y únicamente deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA), cuyo costo es de 40 dólares. El permiso tiene una vigencia de dos años y requiere datos básicos de contacto y una referencia de emergencia.

Hasta la fecha, la agencia solo capturaba el rostro y huellas al arribo a los puntos de entrada. Diversos casos recientes han evidenciado que ciertos viajeros ya han enfrentado restricciones vinculadas con su actividad digital. Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero, se reportaron inadmisiones en frontera derivadas del contenido de publicaciones o mensajes encontrados en dispositivos personales. Entre ellos figura un científico francés que en marzo fue rechazado en territorio estadounidense luego de que se localizaran en su teléfono mensajes “que reflejan odio hacia Trump y pueden describirse como terrorismo”.

El debate sobre la libertad de expresión ha acompañado estos episodios. Aunque Trump afirmó que buscaría “restaurar la libertad de expresión” en plataformas digitales y terminar con la “censura federal”, su administración ha sido parte de múltiples controversias vinculadas con ese tema.

Vale recordar que en septiembre pasado, el presentador Jimmy Kimmel fue retirado temporalmente del aire por la cadena ‘ABC’ por comentarios sobre el asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk. Durante el episodio, Kimmel señaló que la administración Trump y sus aliados estaban “trabajando muy duro para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, una afirmación que generó críticas del presidente y de sectores que atribuyeron el crimen al extremismo de izquierda. El programa regresó a la programación menos de una semana después, tras la reacción de figuras públicas y espectadores.

• La norma que entrará en vigencia a partir de 2026, blinda el acceso a la educación de los menores sin importar su situación migratoria.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dio luz verde a una nueva normativa que promete transformar el panorama educativo para miles de familias, especialmente las más vulnerables. Se trata de la ley HB3247, una medida diseñada para blindar el acceso a la educación pública gratuita de todos los estudiantes, independientemente de su origen nacional, ciudadanía o situación migratoria.

EL DERECHO A ESTUDIAR SIN MIEDO

El objetivo principal de la norma es eliminar el miedo que muchas veces impide la asistencia escolar, asegurando que ningún padre se sienta intimidado al momento de enviar a sus hijos a las aulas. La ley se basa en un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982. Dicha sentencia declaró inconstitucional cualquier intento por parte de los estados de excluir a estudiantes del sistema educativo basándose en razones migratorias.

GARANTIZAR LA EDUCACIÓN

Bajo este marco, la ley obliga a las escuelas públicas, distritos y establecimientos bajo contrato a garantizar un entorno seguro, libre de la posibilidad de que la presencia de agentes policiales o migratorios afecte el derecho a aprender.

A partir del 2026, las instituciones educativas tendrán vetado amenazar o divulgar información sensible. Queda prohibido que las escuelas amenacen con revelar datos sobre el estatus migratorio real o percibido de un alumno o de sus familiares. Tampoco podrán divulgar información asociada a ello. También será ilegal el uso de políticas, procedimientos o métodos administrativos que resulten en la exclusión del estudiante. Esto incluye solicitar documentación sobre ciudadanía u origen nacional, a menos que una ley federal o estatal lo requiera específicamente. No podrán negar la educación gratuita. Ningún menor podrá ser apartado de la enseñanza pública por su situación migratoria, ni por la de sus padres o tutores.

NUEVAS REGLAS …

Las nuevas reglas de juego incluyen los siguientes pasos obligatorios, que buscan transparencia y protección:

• Notificación y consentimiento: Se deberá establecer un método para informar y pedir consentimiento a los padres (o al estudiante si es mayor de 18 años o emancipado) cuando un agente solicite hablar con el alumno por temas migratorios, salvo que una orden judicial lo impida.
• Supervisión constante: Toda interacción entre el personal policial y las personas dentro de la escuela deberá ser acompañada y supervisada, documentando detalladamente cada paso del proceso.
• Evaluación de órdenes: Se implementará un sistema para analizar rigurosamente las citaciones, órdenes judiciales y no judiciales antes de permitir o denegar el acceso de un agente.
• Revisión autorizada: Cada escuela deberá contar con un procedimiento de revisión liderado por una persona autorizada, en coordinación con la oficina del superintendente y con acceso a asesoría legal del distrito.

• El máximo tribunal estadounidense limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del ejecutivo.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este el pasado viernes revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento de Trump de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadounidense obtienen automáticamente la nacionalidad.

LOS AFECTADOS …

El decreto propuesto por Trump impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuya madre resida ilegalmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.

También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense. Esta enmienda de la Constitución fue aprobada en 1868, tras la Guerra de Secesión, con el fin de garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes. La Corte Suprema limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del ejecutivo que consideren ilegales.

Sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio. Trump firmó este decreto nada más regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el argumento de combatir la migración irregular.

  ¿INCONSTITUCIONAL?

La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaran en contra. El juez de distrito John Coughenour, encargado del caso en el estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de «manifiestamente inconstitucional».

«Llevo más de cuatro décadas en la magistratura y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este», afirmó Coughenour, nombrado en el cargo por el presidente republicano Ronald Reagan (1981-89).

De los nueve magistrados de la Corte Suprema seis son conservadores, y de esos seis, tres fueron nombrados por Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, que ha encabezado los recursos legales contra el intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, dijo tener la esperanza de que el supremo «derogue esta orden perjudicial de una vez por todas».

«Los tribunales federales de todo el país han rechazado sistemáticamente los intentos del presidente Trump de eliminar esta protección constitucional fundamental», afirmó Wang.

• «Privar a cualquier niño nacido en Estados Unidos de su ciudadanía sería devastador y profundamente cruel», afirmó.